La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de Ciudad de México instaló carpas en siete centros de reclusión con capacidad de hasta 150 camas y servicios básicos para atender posibles casos de internos con covid-19.
Hazael Ruiz Ortega, titular del organismo, dijo que se trata de una medida preventiva para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad y precisó que hasta el momento ningún interno ha sido diagnosticado con el virus.
Fernanda Dorantes, directora jurídica de Reinserta, hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para salvaguardar a segmentos de mayor riesgo, como los menores que viven en los centros de reclusión, así como las mujeres en etapa de lactancia.
De acuerdo con la CNDH, más de 700 de niños menores de 6 años están en las cárceles con sus mamás; sin embargo, no se garantiza que se encuentren condiciones adecuadas.
Según cifras de la asociación presidida por Saskia Niño de Rivera, solo 37 de 360 prisiones mexicanas han incluido zonas especiales, áreas de maternidad y educación para los menores que viven en las cárceles.
Para la salida de los niños de los centros penitenciarios, Dorantes encuentra dos situaciones complejas: la ausencia de redes familiares al exterior y la falta de certeza de la condición en la que estarán los menores.
Con información de MILENIO
