El artículo 60 de la Ley constitucional de Derechos Humanos, además de ser inconstitucional, parece hecha para proteger a los grupos de invasores de vivienda en la capital, pues da vía libre para que despojen de vivienda bajo el amparo de la ley, denunció así el abogado Ignacio Morales Lechuga.
“No entiendo cómo los diputados locales argumentan que es para andar a los necesitados cuando en realidad van en su contra, pues esto acabará con la renta de vivienda ante el peligro de que no le sea regresada a sus propietarios, mientras que los constructores optarán por no ofrecer vivienda, porque ahora el deudor, el invasor, está protegido”, dijo en entrevista el abogado.
Morales Lechuga destacó que esta legislación protege a los paracaidistas, suplantados de identidad e incluso a los integrantes de la delincuencia organizada que se dedican a posesionarse de predios.
El artículo 60 menciona que los desalojos sólo podrán realizarse en casos excepcionales, los inquilinos deben tener una audiencia ante un juez y deben ser reubicados en un radio de 15 kilómetros, además de que deben ser indemnizaos en caso de perder bienes o sufrir pérdidas inmateriales.
“Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos, violen, entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo en casos excepcionales. Antes de realizarse, las personas que serán desalojadas tienen el derecho a: no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales; y contar con las debidas garantías procesales, lo que incluye la obligación del juez de dar audiencia a las personas que puedan ser objeto de un lanzamiento de su domicilio. Las autoridades competentes deben garantizar el adecuado realojamiento, de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros tomando como centro el lugar de origen.
Las autoridades y poderes públicos de la Ciudad pondrán a disposición la información pública necesaria para conocer el número de personas desalojadas de las viviendas en las cuales tenían su domicilio, el lugar y las causas de los desalojos. El Gobierno de la Ciudad de México, con base en el Plan General de Desarrollo y en el Programa de Ordenamiento Territorial, diseñará, ejecutará y regulará la política habitacional que garantice el pleno cumplimiento de lo establecido en los párrafos anteriores. Esta política contará con la participación de los sectores público, privado, social, y académico.”
El también notario público consideró que esta ley no permite el desalojo de una propiedad rentada, y hace que todos los gastos, así como buscarle un nuevo lugar para vivir a los inquilinos que no paguen renta, sean a cuenta del dueño del inmueble.
Manifestó que esta ley equivale a dar permiso para ocupar, invadir o dejar de pagar una renta en cualquier edificio de propiedad privada.
A la fecha existen más de un millón de viviendas bajo arrendamiento que están en peligro con esta legislación.
