Debido a que el robo a autotransporte representa un gran impacto en la economía nacional, el Pleno del Senado de la República avaló la minuta que prohíbe la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen.
El dictamen establece de 12 a 15 años de prisión y, si el delito fuera cometido por servidores públicos, y sin autorización expresa escrita debidamente acreditada por su superior inmediato, se impondrá pena de 15 a 18 años de prisión.
Dichos aparatos bloquean el dispositivo GPS del vehículo, provocando que se pierda la ubicación satelital de la unidad, lo que facilita su robo y en ocho de cada diez asaltos de este tipo se lesiona, secuestra, tortura o asesina al conductor de la unidad de transporte.
Con la reforma, el Senado dota de elementos jurídicos a las autoridades para que garanticen mayor seguridad al sector de autotransporte, pues este delito representa un gran impacto en la economía nacional, ya que tiene consecuencias para todos los involucrados en la comercialización de las mercancías.
