Por primera vez, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas señaló que el Estado mexicano es responsable de desaparición forzada con participación de autoridades estatales, presuntamente vinculadas a grupos de crimen organizado.
El Comité subrayó que México debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias de una desaparición forzada en el caso de Christian Téllez, en Veracruz, en 2010.
Esta es la primera ocasión en que esta instancia internacional se pronuncia por un caso particular de desaparición forzada en México.
El dictamen está basado en el derecho internacional de los Derechos Humanos y se emite tras recibir una denuncia de familiares de una víctima de este delito.
El Comité señaló que la investigación de un caso de desaparición forzada no puede basarse en la confesión de los posibles responsables o autoridades involucradas. Añadió que los centros de detención clandestinos son, per se, una violación de los derechos a la libertad personal.
“Las personas tienen derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, y a recursos judiciales efectivos”, señalaron los expertos.
El Comité solicitó al Estado mexicano que informe dentro de 180 días sobre las medidas que tome para implementar el dictamen.
