La Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, informó que de 13 centros penitenciarios hay una población de 26 mil 431 reclusos, hasta ahora han detectado mil 40 contagios; hay 73 casos activos; y se han registrado 54 decesos.
En videoconferencia, la titular se la secretaría, Rosa Icela Rodríguez, destacó que desde hace tres semanas no se ha registrado ningún fallecimiento por coronavirus.
La funcionaria dio a conocer que desde el 6 de abril a todas las personas privadas de la libertad, de recién ingreso a cualquiera de los 13 centros penitenciarios, les aplican la prueba.
#EnVivo ▶️ #Videoconferencia de prensa con @rosaicela_, titular de @SeGobCDMX. #ProtégeteYProtegeALosDemás https://t.co/9NIExtk5kw
— Gobierno CDMX (@GobCDMX) July 13, 2020
Además, desde abril a la fecha han otorgado 148 proliferaciones a personas privadas de la libertad, debido a su edad o condición de riesgo frente al covid-19.
También han implementado las videollamadas, las cuales han sido de 8 mil videollamadas en total, esto con la finalidad de evitar la visita de los familiares de los reos y así reducir el riesgo de contagios.
En #videoconferencia informamos que gracias a las acciones que se realizaron, en coordinación entre el Sistema Penitenciario y @SSaludCdMx, se pudieron contener los casos de #COVID19 en los centros penitenciarios de la capital. @Claudiashein pic.twitter.com/jSMWWtUND1
— Rosa Icela Rodríguez (@rosaicela_) July 13, 2020
“También contamos con zonas covid, es decir, áreas especiales para la atención de los casos sospechosos y positivos de covid-19 en 13 centros penitenciarios y el de sanciones administrativas “El Torito”, donde los trabajadores ingresan con equipo de protección personal; en esos casos la visita se encuentra restringida”, explicó.
“Alrededor de 170 personas están esperando resultados de prueba. En cuanto reciben los resultados de pruebas que resultan positivos se van a la zona Covid y cuando son negativos se van a la parte de la población penitenciaria”, explicó.
Destacó que a partir del 18 de mayo se acordó el uso obligatorio y generalizado de cubrebocas reutilizable para todas las personas privadas de la libertad.
