El gobierno de España aprobó hoy la creación de un impuesto sobre los beneficios de los gigantes digitales pero, como ya hizo Francia, retrasará su aplicación hasta finales de año entre amenazas de Estados Unidos de represalias arancelarias.
“España no puede permitirse tener un sistema tributario anclado en el siglo pasado. Hay que avanzar hacia una fiscalidad propia del siglo XXI, que recoja esa nueva variedad de actividad, que se adapte a la globalizacion en un mundo cada vez mas digitalizado”, declaró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa.
La popularmente conocida como ‘tasa Google’ buscará “evitar la competencia desleal con los negocios tradicionales”, explicó Montero.
El proyecto de ley ya había sido aprobado a principios de 2019 por el gobierno de Pedro Sánchez pero no pudo aplicarse por la convocatoria de dos elecciones legislativas ese año que, finalmente, permitieron al socialista formar una coalición con la izquierda radical de Podemos en enero.
Al igual que Francia, Madrid tasará en alrededor del 3% los beneficios generados por ciertas actividades como la publicidad en línea, las plataformas de venta de bienes y servicios o la venta de datos recogidos a partir de las informaciones aportadas por los usuarios.
España espera recaudar 968 millones de euros gracias a este nuevo impuesto, además de otros 850 millones por una tasa sobre las transacciones financieras aprobada también este martes.
