La SCJN admitió a trámite la controversia constitucional que promovió el ayuntamiento de Parral de Hidalgo, Chihuahua, para impugnar la Ley de Seguridad Interior, pero el ministro Jorge Pardo Rebolledo desechó la presentada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) porque no tiene el carácter de órgano constitucional autónomo federal.
Pardo Rebolledo desechó también la acción de inconstitucionalidad de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, por no estar legitimada para recurrir a este medio de control para combatir leyes federales.
Al admitir la controversia presentada por el Ayuntamiento de Parral, al máximo tribunal negó la petición formulada por el municipio demandante de tener como terceros interesados a las 30 entidades federativas y a la Ciudad de México.
También negó la solicitud de poner a consideración del pleno del Alto Tribunal la resolución prioritaria del presente medio de control constitucional.
