Tras los lamentables sucesos acontecidos en Quintana Roo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió al Estado mexicano a garantizar la concreción y efectividad en los mecanismos de control y revisión para la exclusión de la utilización de armas de fuego como dispositivo para dispersar manifestaciones públicas en concordancia con el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos.
Al aclarar que en manifestaciones o protestas sociales, los agentes estatales solo pueden hacer uso de la fuerza estrictamente necesaria y con la finalidad de proteger a las personas presentes en la manifestación, el Organismo Nacional reprobó los hechos sucedidos la noche del 9 de noviembre, en las inmediaciones del Palacio Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, donde presuntamente elementos policiales repelieron -mediante disparos- a manifestantes que se pronunciaban en contra de los feminicidios y violencia de género en dicha alcaldía, resultando dos periodistas lesionados con heridas de bala.
La CNDH hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que se lleve a cabo una investigación objetiva, sin dilación e independiente, donde se analice el ejercicio de la fuerza pública por los elementos estatales responsables, así como en irrestricto apego a las líneas de indagación vinculada con la labor periodística de las presuntas víctimas del evento.
