En la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación señaló que la SSA no realizó una gestión eficiente y transparente de mil 26 millones 223 mil 350 pesos del programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral.
Ante la Cámara de Diputados, David Colmenares, titular de la ASF, indicó de forma virtual que se detectaron otras anomalías en el sector salud por 25 mil millones de pesos, como en el gasto del Insabi, la dispersión de recursos del Fondo de Gastos Catastróficos y el gasto federalizado entregado a estados vía distintos programas.
Así, la Secretaría de Salud “es corresponsable del incumplimiento del Convenio y de los Criterios de operación en la transferencia de los recursos por un importe de 1,026,223.3 miles de pesos, el cual representa el 20.1% de los recursos transferidos a las 31 Entidades Federativas y al IMSS por un importe total de 5,114,282.3 miles de pesos”, se detalla en el reporte presentado por la ASF.
La auditoría de cumplimiento 167-DS plantea que la documentación solicitada no aclara ni justifica las anomalías observadas, en cuanto al cumplimiento de la normatividad, en la transferencia de recursos y sus respectivos convenios con las Tesorerías de Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Veracruz y Yucatán.
Esta auditoria es catalogada como de cumplimiento y presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por el monto de 1,026,223,350.00 pesos (mil veintiséis millones doscientos veintitrés mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación.
Se puntualiza que dichos recursos no fueron entregados por las tesorerías estatales a los entes ejecutores del gasto dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción. Y se reclama que la Secretaría de Salud, por conducto de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, no hizo la solicitud del reintegro de esos recursos federales transferidos.
Se concluye que las 7 tesorerías de los estados y la Secretaría de Salud los son corresponsables del incumplimiento del convenio y de los criterios de operación de los subsidios del programa.
La ASF solicita a la Secretaría de Salud que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, incurrieron en la citada omisión, así como por la falta de seguimiento de los convenios con las entidades y el IMSS.
