El Gobierno federal tiene varadas 72 aeronaves y helicópteros, incluido el avión presidencial Boeing 787 y el jet Gulfstream usado para trasladar a México a Evo Morales, ex presidente de Bolivia.
Sin embargo, desde la fecha en que se anunció la venta de la flota presidencial, en diciembre de 2018, no se ha dado información de posibles compradores y extraoficialmente se conoce que la mayoría de éstas se encuentran varadas en la base aérea de Santa Lucia.
De las restantes 70 aeronaves que están a la venta se desconoce si han tenido horas de vuelo durante este año; entre éstas existen otros dos aviones presidenciales, mismos que, en un diagnóstico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se catalogaron como obsoletos.
Se trata de dos Boeing: uno modelo 757 que data de 1987, con clave TP02 y matrícula XC-UJM, así como un 737, en servicio desde 1989, identificado como TP03, con matrícula XC-LJG.
El TP02, conocido como Presidente Juárez, de comprarse este último, el nuevo dueño se llevaría una aeronave con más de ocho mil horas de vuelo, con una “capacidad limitada de transporte aéreo para llevar a cabo actividades de coordinación y cooperación”. El diagnóstico abunda que dado el manteniendo que recibió durante 30 años, “la aeronave se considera operativa, sin embargo, por su antigüedad presenta frecuentes fallas, sus sistemas electrónicos están quedando obsoletos, sus costos de mantenimiento son elevados y los tiempos de entrega de refacciones son prolongados y presenta fatiga estructural”.
Una de sus principales fallas es que sólo le funciona uno de sus dos depósitos de combustible, lo que causa que su autonomía de vuelo se limite a cuatro horas con 30 minutos, es decir, un recorrido de cuatro mil 450 kilómetros, lo que imposibilita a la aeronave a realizar viajes trasatlánticos.
En las mismas condiciones se encuentra el TP03, que desde el sexenio de Salinas fungió como aeronave de respaldo. A pesar de las fallas, el Gobierno de México puso a la venta esas dos aeronaves, catalogándolas como en “buen estado”, e incluso aceptó que tienen vencidos sus últimos servicios, así como las licencias de aeronavegabilidad.
Recordemos que este avión no es propiedad del gobierno federal aún porque el contrato entre Boeing y Banobras se firmó en noviembre de 2012 a un costo de 2 mil 952 millones de pesos que se deberían pagar en 15 años. Así, la factura del avión presidencial aún no es del gobierno mexicano, es de Boeing.
Sobre el avión presidencial Boeing 787, que la Defensa Nacional sigue pagando a razón de 450 millones de pesos anuales, el 8 de octubre pasado López Obrador informó que existía la oferta de un comprador y estaba por cerrarse la negociación.
Sin embargo, a un año de distancia del anuncio de su venta, ésta y otras 71 aeronaves siguen varadas.
