Gobierno de Donald Trump no podrá implementar una orden ejecutiva que le permita a los gobiernos estatales y locales negarse a aceptar refugiados, así lo estableció y comunicó un juez federal.
Un amparo preliminar solicitado por tres agencias dedicadas a la reubicación de refugiados, que habían presentado una demanda contra la orden ejecutiva, fue emitido por juez federal de distrito Peter Messitte en Maryland.
Las agencias probablemente lograrán demostrar que la orden ejecutiva es ilegal, ya que le da a los gobiernos estatales y locales poder de veto sobre el acoplo de refugiados, de acuerdo a la estimación de Messitte en su fallo de 31 páginas.
A partir de junio de 2020 las agencias de refugiados deben obtener aprobación por escrito de las autoridades locales o estatales en los lugares donde desean asentar a refugiados, así lo anunció el gobierno del presidente Trump.
De acuerdo a las reformas establecidas en la ley, las agencias argumentaron que la orden, en efecto, da a los gobernadores de cada estado y a los administradores de cada condado el poder de veto en el proceso de reasentamiento.
Las agencias contradicen y afirman que también la orden viola la Ley de Refugiados de 1980. Por su parte, Messitte llegó a la conclusión que la orden ejecutiva no parece servir “al interés público general”.
Finalmente, escribió el magistrado que el reasentamiento de refugiados debe proceder como lo ha hecho en los 40 años antes de que (la orden ejecutiva) fue anunciada.
