Un particular acreditó ser propietario de 128 hectáreas donde se construirá la Franja de Seguridad de Amortiguamiento de Ruido del Aeropuerto Felipe Ángeles, ubicadas en la comunidad de San Miguel Xaltocan, según admitió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un oficio enviado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
La Sedena informó que la posesión del terreno data de 1971. Además, hizo saber a la Sedatu que tiene recursos suficientes y está dispuesta a liquidar para no tener líos legales.
Pero la Sedatu se niega a pagar, ya que dicha superficie fue declarada como terreno nacional e inmueble patrimonio de la Federación en abril de 2019 y, a cambio de su uso para el aeropuerto, se acordó la repartición de 617 hectáreas a comuneros. La dependencia defiende la validez de la declaratoria y subraya que esperará a que se resuelva “cualquier impugnación que declare la nulidad de dicho acto”.
La institución armada, encargada de ese proyecto aeroportuario le hizo saber a la Sedatu que está dispuesta y que “cuenta con la suficiencia presupuestaria para realizar el pago que corresponda”.
El millón 280 mil metros cuadrados de terreno al que se refiere la Sedena, tiene un costo comercial en el mercado inmobiliario actual de aproximadamente 384 millones de pesos, a razón de 300 pesos el metro cuadrado. La Sedatu se niega a pagar.
El reconocimiento de la Sedena de que las 128 hectáreas donde se construirá la Franja de Seguridad de Amortiguamiento de Ruido del Aeropuerto Felipe Ángeles —dividido en dos polígonos— son propiedad privada, se registró el 7 de junio de 2019, 42 días después de que ese terreno fuera declarado como patrimonio de la Federación.
El 26 de abril de 2019 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la resolución de la Sedatu que “declara como terreno nacional e inmueble patrimonio de la Federación la superficie integrada por el polígono I con una superficie de 50-13-26.01 hectáreas y una parte del polígono III con una superficie de 77-99-73.85 hectáreas, del predio denominado Xaltocan, municipio de Nextlalpan, del Estado de México”.
Por su parte, la Defensa Nacional recurrió a instancias oficiales del Estado de México para averiguar si la reclamación era real. En el comunicado firmado por el general brigadier ingeniero constructor, Hiram Sergio Cárdenas Robles, director general de Ingenieros y Responsable Inmobiliario de la Sedena informó:
“Esta secretaría de Estado realizó trabajos técnicos en los que se obtuvo que los terrenos que hace referencia el peticionario se encuentren dentro de la citada franja de seguridad, asimismo, se consultó al Instituto de le Función Registral del Estado de México (IFREM) la legalidad de la documentación que presentó el referido propietario, manifestando el instituto que es correcta, encontrándose inscrita en sus acervos y que le da calidad de propietario, aunado a que sigue sin inscribirse la declaratoria señalada en su documento ante el Registro Púbico de la Propiedad correspondiente”.
La directora de Propiedad Rural de la Sedatu, en una entrevista con Excélsior, dijo que la aparición de particulares que son presuntos propietarios de las 128 hectáreas podría complicar el proceso establecido con los 722 solicitantes. “Nosotros asumimos que son terrenos nacionales, por tanto, en su momento se las entregaremos en las condiciones pactadas a los 722 solicitante”, comentó.
