Ante la amenaza que perciben hacia su integridad debido a su labor de impartir justicia en un clima de violencia generalizado, Jueces y magistrados de Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México han solicitado protección especial al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
De los mil 403 jueces y magistrados que hay en todo el país, 79 cuentan con seguridad especial, lo que implica vehículos blindados, escoltas, chalecos protectores, radios de comunicación y un seguimiento cercano.
Estas medidas se suman a los servicios de escolta y automóviles blindados que reciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los consejeros que forman parte del CJF.
“El tema de plata o plomo en que se puedan sentir amenazados los jueces y los magistrados lo tenemos muy presente. Y hemos estado trabajando en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal para generar la mayor protección posible a los jueces y magistrados”, explicó Arturo Zaldívar, presidente de la Judicatura Federal.
Desde que inició la presidencia del ministro Arturo Zaldívar en el CJF, se comenzó a elaborar un nuevo protocolo de seguridad para los juzgadores en colaboración con autoridades federales para garantizar la integridad física de jueces y magistrados.
El Poder Judicial de la Federación en 2017 y 2018 destinó más de 200 millones de pesos en mecanismos de seguridad y servicios de vigilancia en cada uno de los centros de impartición de justicia de todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar la integridad de los trabajadores, así como de quienes visitan los juzgados y tribunales del país.
