La presidenta Claudia Sheinbaum abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre el uso del agua en Chihuahua al acusar un esquema de acaparamiento ligado a privilegios del pasado. Al ser cuestionada por las concesiones otorgadas a la familia LeBarón, apuntó directamente a Alex LeBarón, exdelegado de Conagua, a quien señaló por beneficiarse a sí mismo y a sus familiares mediante permisos irregulares. Para la mandataria, este caso exhibe cómo operaban viejas estructuras de poder en materia hídrica.
Sheinbaum explicó que la nueva Ley de Aguas y las reformas a la legislación actual buscan precisamente corregir ese tipo de prácticas. Su intención, dijo, es impedir que se repitan y ordenar un sistema donde numerosas comunidades de Chihuahua siguen sin acceso suficiente al recurso, pese a la sobreexplotación registrada en ciertas zonas agrícolas e industriales.
Durante su conferencia, subrayó que la ineficiencia en el uso del agua y el acaparamiento han generado tensiones en la región, motivo por el cual algunos grupos se han resistido a la legislación que pretende reorganizar el manejo del recurso. La mandataria insistió en que la solución no pasa por retirar concesiones sin más, sino por establecer mesas de trabajo que definan qué pozos son legales, qué cultivos pueden sustituirse y cómo reubicar empresas que consumen grandes volúmenes.
También señaló que una parte considerable del agua del río Bravo y de sus cuencas se utiliza de manera poco eficiente, lo que profundiza los conflictos locales. El debate pone sobre la mesa un problema histórico: mientras ciertos actores concentran beneficios, miles de familias siguen esperando que el derecho humano al agua deje de ser una promesa y se convierta en una realidad tangible.
