La discusión sobre la llamada “muerte digna” volvió al centro del debate público en México, pero no sin polémica. La Iglesia católica expresó un rechazo frontal a la iniciativa que busca legalizar la eutanasia, al considerar que el concepto está siendo malinterpretado.
Desde su postura, hablar de “muerte digna” como sinónimo de adelantar el final de una persona con enfermedad terminal es una idea engañosa. En su más reciente editorial, la Arquidiócesis de México sostuvo que toda vida tiene valor por sí misma, independientemente del sufrimiento o las condiciones de salud.
El posicionamiento surge en medio del avance de la llamada “Ley Trasciende”, impulsada por la activista Samara Martínez, quien propone despenalizar la asistencia médica para morir en casos de padecimientos irreversibles. Su objetivo es abrir una opción legal para quienes enfrentan dolor extremo sin posibilidad de recuperación.
Sin embargo, el debate no es nuevo ni sencillo. La Suprema Corte ya ha señalado que el concepto de “muerte digna” no implica necesariamente la eutanasia, sino el derecho a un “buen morir”, es decir, recibir cuidados paliativos que alivien el dolor sin acelerar la muerte. En la misma línea, la Comisión Nacional de Bioética ha insistido en la importancia de acompañar al paciente, no de precipitar su final.
El contexto revela una realidad incómoda: en México, solo una minoría de pacientes terminales tiene acceso a cuidados paliativos adecuados. Aun así, la legislación ha avanzado parcialmente, pues más de la mitad de los estados ya permiten la voluntad anticipada, donde las personas pueden rechazar tratamientos médicos en etapas críticas.
En los próximos días, el Senado abrirá espacios de diálogo con especialistas, pacientes y legisladores para discutir la iniciativa. El tema promete dividir opiniones, como ya lo está haciendo.
Al fondo, la discusión plantea una pregunta compleja: ¿el derecho a decidir incluye cómo y cuándo morir, o la prioridad debe ser garantizar condiciones dignas hasta el último momento?
