Lo que debía ser una muestra de participación ciudadana terminó bajo la lupa. Las obras financiadas con el Presupuesto Participativo 2024 en la alcaldía Miguel Hidalgo presentan irregularidades que apuntan a una supervisión débil y a posibles fallas en el uso de recursos públicos.
Una revisión de la Auditoría Superior de la Ciudad de México encendió las alertas: más de 67 millones de pesos destinados a reencarpetado y rehabilitación urbana fueron ejercidos sin cumplir completamente con los requisitos básicos de control y vigilancia.
Entre los hallazgos más relevantes, se detectó que las autoridades omitieron realizar trámites indispensables antes de iniciar las obras, particularmente aquellos relacionados con el impacto ambiental. Este paso no es menor: forma parte de las obligaciones legales para garantizar que los proyectos no generen afectaciones al entorno.
Pero no fue el único punto crítico. También se documentó que empresas contratadas comenzaron trabajos sin presentar a tiempo pólizas de seguro por daños a terceros, un requisito esencial para cualquier obra pública. Aun así, las intervenciones avanzaron.
Los contratos observados involucran a tres empresas que, en conjunto, concentraron casi 68 millones de pesos. Dos de ellos estuvieron enfocados en trabajos de reencarpetado, mientras que el tercero correspondió a la reparación de banquetas y guarniciones en distintas zonas de la demarcación.
Más allá de los montos, el problema radica en la forma en que se ejecutaron estos proyectos. La Auditoría no solo documentó las fallas, también llamó a iniciar procedimientos de sanción contra la administración local por permitir estas omisiones.
El Presupuesto Participativo, en teoría, busca empoderar a la ciudadanía para decidir en qué se invierten los recursos públicos. Sin embargo, cuando la ejecución falla, el modelo pierde credibilidad.
Porque al final, no se trata solo de pavimentar calles o arreglar banquetas. Se trata de garantizar que cada peso invertido tenga respaldo, transparencia y resultados reales.
