La ausencia de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, registrada entre el 5 y el 8 de diciembre, abrió un intenso debate en la capital. Mientras el Congreso local investiga su presunta participación en el financiamiento de la marcha Gen-Z, su salida temporal coincidió con una serie de reportes delictivos y más de un centenar de solicitudes ciudadanas en Cuauhtémoc.
La edil notificó el 4 de diciembre al Congreso que se ausentaría por “motivos personales”, dejando como encargado de despacho al director general de Gobierno, Obdulio Ávila. Sin embargo, la premura del aviso despertó dudas entre legisladores como Leonor Otegui, quienes interpretaron el movimiento como una posible evasión ante las indagatorias por la movilización del 15 de noviembre.
Ante el creciente cuestionamiento, Rojo de la Vega aseguró que el viaje tuvo un propósito familiar: cumplir una promesa de cumpleaños a su hija con una visita a Washington. Afirmó que utilizó recursos propios y que los días serían descontados de su salario, aunque evitó detallar el costo del desplazamiento.
Durante su ausencia, la demarcación registró incidentes ligados al narcomenudeo en Peralvillo, intentos de robo de bicicletas de Ecobici y un incremento en los casos de asaltos en el primer cuadro, de acuerdo con datos de la Fiscalía capitalina. A ello se sumaron 108 solicitudes ciudadanas captadas por el Sistema Unificado de Atención, que reportó fallas en luminarias, verificación de negocios, retiro de árboles y acciones de desazolve.
El episodio deja al descubierto una tensión persistente: la distancia entre los compromisos de una autoridad y la percepción de quienes exigen presencia constante en una de las zonas más conflictivas de la ciudad.
