Frente al Congreso de la Ciudad de México, un grupo de adultos mayores convirtió la calle en tribuna. Con carteles en mano y consignas directas, exigieron algo básico pero cada vez más difícil: acceso a una vivienda digna en la capital.
La protesta no surgió de la nada. Detrás hay un escenario que se ha ido tensando con el paso de los años: rentas al alza, programas limitados y una oferta que no alcanza para cubrir las necesidades de un sector que crece rápidamente. “El dinero ya no alcanza”, resumió uno de los manifestantes, reflejando una preocupación que se repite entre quienes dependen de ingresos fijos.
Las cifras dimensionan el problema. En la ciudad viven alrededor de 1.5 millones de personas adultas mayores, lo que representa más del 16% de la población. A nivel nacional, casi una cuarta parte enfrenta rezago habitacional. A esto se suma un dato clave: una proporción importante de este grupo vive en condiciones económicas vulnerables, lo que reduce aún más sus posibilidades de acceder a una vivienda estable.
El impacto no es solo económico. También hay riesgos patrimoniales. Casos de despojo de vivienda y la falta de espacios de cuidado adecuados forman parte del mismo problema estructural. La combinación de factores deja a muchos en una zona de alta fragilidad.
Por ello, las demandas apuntaron directamente a las instituciones responsables. Los manifestantes pidieron al Congreso local y al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México ampliar la cobertura de programas y diseñar esquemas que respondan a las condiciones reales de este sector.
El reclamo abre una discusión que va más allá de la coyuntura: cómo garantizar vivienda en una ciudad donde los costos avanzan más rápido que los ingresos, especialmente para quienes ya no están en etapa laboral activa.
