La actuación de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante las movilizaciones recientes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quedó bajo revisión. Luego de que circularan diversos señalamientos sobre el comportamiento de policías desplegados en las protestas realizadas en la Ciudad de México, la dependencia capitalina confirmó que ya inició investigaciones internas para determinar si existieron conductas contrarias a los protocolos institucionales.
El anuncio fue realizado por el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, quien informó que tanto la Dirección General de Asuntos Internos como la Dirección General de Derechos Humanos de la corporación abrieron expedientes para analizar detalladamente la actuación de los uniformados durante la jornada de manifestaciones registrada el pasado 1 de junio.
La decisión surge después de que distintos materiales audiovisuales y reportes ciudadanos mostraran momentos de tensión entre manifestantes y elementos de seguridad que resguardaban diversos puntos de la capital. Ante ello, las autoridades buscan esclarecer si las acciones observadas se realizaron conforme a la normatividad vigente y a los principios establecidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
Durante una conferencia de prensa, Vázquez Camacho enfatizó que la instrucción girada a todos los elementos desplegados fue garantizar el derecho a la libre manifestación y proteger tanto a los participantes como al resto de la ciudadanía. Sin embargo, reconoció que durante el desarrollo de las protestas se documentaron incidentes en los que diversos objetos fueron lanzados desde ambos lados de las vallas colocadas para resguardar determinadas áreas.
El funcionario explicó que, si bien la corporación mantuvo una postura de contención y protección, existen registros que ahora serán evaluados por las instancias correspondientes para determinar responsabilidades individuales en caso de que algún elemento haya actuado fuera de los lineamientos establecidos.
Asimismo, dejó claro que en ningún momento se emitió una orden institucional para agredir a quienes participaban en las movilizaciones. Por el contrario, sostuvo que el objetivo principal fue preservar la seguridad, privilegiar el diálogo y evitar una escalada de confrontaciones en un contexto particularmente sensible.
Las investigaciones internas contemplan la revisión de videos, reportes operativos y testimonios que permitan reconstruir con precisión lo ocurrido durante la jornada. Dependiendo de los resultados, la SSC advirtió que podrían aplicarse sanciones administrativas o las medidas correspondientes contra quienes resulten responsables de alguna irregularidad.
El caso vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre el papel de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones públicas. Mientras la ciudad busca garantizar simultáneamente el derecho a la protesta y el orden público, las autoridades enfrentan el desafío de mantener el equilibrio entre la contención institucional y el respeto irrestricto a los derechos humanos, una exigencia cada vez más observada por la sociedad.
