La discusión sobre los llamados “narcocandidatos” ya encendió uno de los primeros choques políticos entre el Gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral. Esta vez, el desacuerdo surgió luego de que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, advirtiera que la propuesta impulsada por Claudia Sheinbaum podría poner en riesgo la neutralidad del organismo electoral.
Desde Palacio Nacional, la mandataria respondió de inmediato y aseguró que la titular del INE “entendió mal” el alcance de la iniciativa. Según explicó, la reforma no pretende convertir al instituto en un órgano investigador ni darle facultades para aprobar o rechazar candidaturas, sino crear un mecanismo de consulta que ayude a los partidos políticos a detectar posibles riesgos antes de postular aspirantes.
El debate gira alrededor de una propuesta que busca crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del INE. El plan contempla que cinco consejeros electorales reciban solicitudes de revisión por parte de los partidos y, posteriormente, consulten información con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La intención, de acuerdo con el Gobierno federal, es identificar si existe algún “riesgo razonable” relacionado con lavado de dinero, delincuencia organizada o antecedentes de corrupción. Sin embargo, Sheinbaum insistió en que la decisión final seguiría estando completamente en manos de los partidos políticos.
Las declaraciones surgieron después de que Taddei alertara que obligar al INE a evaluar la “probidad” de una persona lo colocaría en medio de disputas partidistas y rompería con su papel de árbitro imparcial. La presidenta rechazó esa interpretación y aseguró que el instituto solo funcionaría como un canal administrativo para solicitar información a las autoridades competentes.
El tema aparece en un contexto particularmente sensible. Casos recientes de alcaldes y funcionarios investigados por presuntos vínculos con grupos criminales —como ocurrió en operativos realizados en Morelos y Estado de México— aumentaron la presión para cerrar espacios a candidaturas ligadas al crimen organizado rumbo a las elecciones intermedias de 2027.
