En medio de la presión política y las acusaciones que llegaron desde Estados Unidos, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que ya compareció ante la Fiscalía General de la República en Culiacán para responder por los señalamientos que lo vinculan presuntamente con el narcotráfico.
El mensaje fue difundido por el propio morenista a través de sus redes sociales, donde aseguró que acudió voluntariamente ante el Ministerio Público Federal y respondió “cabalmente” a todos los cuestionamientos realizados durante la diligencia.
La comparecencia ocurre semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyera a Rocha Moya dentro de una investigación relacionada con presuntos acuerdos y vínculos con “Los Chapitos”, una de las facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa.
Lejos de asumir una postura de confrontación, el mandatario con licencia afirmó que continuará atendiendo cualquier citatorio que emitan las autoridades mexicanas, pues —según dijo— mantiene confianza en las instituciones de justicia y en el Estado de derecho.
En su posicionamiento también aprovechó para respaldar el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación y aseguró que las reformas impulsadas por el movimiento han contribuido a fortalecer y legitimar el sistema judicial mexicano. Incluso cerró su mensaje con elogios hacia Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una líder honesta y defensora de la soberanía nacional.
El caso ha generado una fuerte atención política debido al nivel del señalamiento y al contexto de seguridad que atraviesa Sinaloa. Aunque hasta el momento no existe una acusación formal presentada en México contra Rocha Moya, la investigación estadounidense abrió una nueva etapa de presión pública sobre figuras políticas ligadas al oficialismo.
Desde Palacio Nacional, el gobierno federal ha insistido en que las comparecencias realizadas por la Fiscalía forman parte de procedimientos ordinarios y no representan, por ahora, imputaciones penales directas. Sin embargo, el impacto político del caso ya comenzó a sentirse tanto dentro de Morena como en la conversación pública.
La declaración del gobernador con licencia también parece buscar un objetivo claro: proyectar tranquilidad frente a las acusaciones y evitar que el tema se convierta en un desgaste mayor rumbo a los próximos procesos políticos.
Porque aunque Rocha Moya insiste en que enfrenta la situación “con la frente en alto”, el episodio vuelve a colocar sobre la mesa una discusión cada vez más incómoda para la política mexicana: la dificultad de separar el poder público de las sospechas que rodean al crimen organizado en algunas regiones del país.
