El límite ya es ley. A partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, quedó oficialmente en marcha la reforma que busca poner fin a las llamadas “pensiones doradas” en empresas del Estado, una medida que apunta a reducir privilegios y ajustar el gasto público.
El cambio establece un principio claro: ningún exfuncionario podrá recibir ingresos mayores a los de la titular del Ejecutivo federal. En términos concretos, esto fija un tope cercano a los 134 mil pesos mensuales, lo que representa un recorte significativo frente a los montos que algunos beneficiarios percibían.
La reforma surge en medio de una polémica. Durante su presentación, autoridades federales expusieron casos de pensiones que supuestamente alcanzaban hasta un millón de pesos mensuales. Sin embargo, posteriormente se corrigieron esos datos, aclarando que las cifras eran menores, aunque aún muy por encima del promedio nacional.
Aun con la rectificación, el contraste fue suficiente para impulsar la medida. Algunos ex trabajadores de empresas como Pemex recibían más de 200 mil pesos mensuales, montos que superaban ampliamente el salario presidencial y evidenciaban una brecha difícil de justificar en el discurso de austeridad.
No obstante, la reforma también tiene límites. No aplica para todos los sectores: quedan fuera instituciones como la Suprema Corte y las Fuerzas Armadas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la equidad de la medida.
El gobierno federal estima que esta decisión permitirá liberar alrededor de 5 mil millones de pesos, recursos que, según se ha anunciado, serán redirigidos a programas sociales. Sin embargo, aún no hay claridad sobre cuándo se reflejará este ahorro ni cómo se distribuirá en la práctica.
Más allá de las cifras, el mensaje es político: reducir privilegios en la alta burocracia. Pero la discusión sigue abierta.
