El debate sobre la crisis de desapariciones en México sumó un nuevo episodio. Esta vez, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en duda el reciente informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, al señalar que su contenido tendría una intención más política que de apoyo real.
Durante su conferencia matutina del 7 de abril, la mandataria fue directa: el documento, dijo, no reconoce los esfuerzos del gobierno federal para atender el problema y, por el contrario, mantiene una línea crítica enfocada en cuestionar la actuación del Estado mexicano. A su juicio, el informe busca escalar el tema ante instancias internacionales, lo que cambia el tono de colaboración por uno de confrontación.
Desde la administración federal se sostiene que sí existe diálogo con organismos internacionales. Incluso, la Secretaría de Gobernación ha mantenido comunicación con representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas, a quienes —según Sheinbaum— se les ha compartido información y facilitado encuentros con colectivos de búsqueda.
La respuesta oficial no se quedará en declaraciones. La presidenta adelantó que presentará un posicionamiento más amplio, con argumentos técnicos y jurídicos para señalar lo que considera inconsistencias del informe difundido el pasado 2 de abril.
Del otro lado, el comité de expertos advierte un panorama preocupante. Tras visitas realizadas desde 2021, concluyó que no hay avances significativos y que las instituciones están rebasadas por la magnitud del problema, por lo que urgen cambios de fondo. Su presidente, Juan Albán-Alencastro, subrayó la necesidad de reforzar la prevención e investigación.
En medio de este intercambio, queda claro que el diagnóstico no es compartido. Y mientras las posturas se tensan, la discusión de fondo persiste: más allá de informes y respuestas oficiales, el reto sigue siendo transformar la realidad de miles de familias que aún buscan respuestas.
