En medio del debate internacional sobre derechos humanos, la presidenta Claudia Sheinbaum marcó distancia con un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas, al rechazar su conclusión de que en México persisten desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
Durante su conferencia matutina, la mandataria cuestionó el sustento del documento al señalar que su análisis se basa en información acotada a cuatro entidades y a un periodo que va de 2009 a 2017. A su juicio, esta delimitación deja fuera el contexto actual y las acciones implementadas por su administración para atender la problemática.
Sheinbaum insistió en que el informe no se apega a la definición internacional de desaparición forzada, la cual —subrayó— implica la participación directa del Estado con fines políticos. En ese sentido, consideró que las conclusiones del organismo internacional no corresponden con esa caracterización.
La titular del Ejecutivo también adelantó que las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación ampliarán la postura oficial frente al documento. Reprochó, además, que el reporte no contemple los esfuerzos recientes del gobierno federal, como los mecanismos de búsqueda, la atención a familiares y la coordinación con colectivos.
A pesar de las críticas, Sheinbaum reiteró el compromiso de su administración para enfrentar este delito, al que vinculó principalmente con la operación de grupos del crimen organizado. Afirmó que las estrategias actuales buscan fortalecer la prevención, mejorar la respuesta institucional y acompañar a las víctimas.
El posicionamiento presidencial se da en un contexto de creciente escrutinio internacional, donde organizaciones y organismos multilaterales mantienen la atención sobre la situación de desapariciones en el país.
