En medio del debate por la reforma electoral, el Instituto Nacional Electoral salió a aclarar un punto clave: no participó en la elaboración de observaciones sobre el llamado Plan B. Consejeros del organismo desmintieron cualquier intervención institucional en la propuesta impulsada desde el Ejecutivo.
La precisión llegó tras versiones que sugerían un diálogo técnico entre el INE y el Congreso. Sin embargo, el consejero Martín Faz fue directo: la reunión que estaba prevista nunca se llevó a cabo y, por lo tanto, no se generó ningún documento oficial. De hecho, al menos siete integrantes del Consejo General coincidieron en que desconocen cualquier posicionamiento formal del instituto.
El señalamiento no es menor. En un contexto donde la reforma busca reorganizar procesos electorales, la ausencia de una postura técnica institucional deja vacíos en la discusión pública. Aun así, desde lo individual, algunos consejeros han expresado preocupaciones.
Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de concentrar múltiples elecciones en una sola jornada: comicios federales, locales, procesos judiciales y ejercicios como la revocación de mandato. Para el INE, esta acumulación podría generar una sobrecarga operativa.
Aunque no se habla de un colapso del sistema, sí se advierte un riesgo real: menor calidad en la organización electoral, posibles confusiones para el electorado y mayores exigencias logísticas. Además, se cuestiona la idea de que esta estrategia represente un ahorro económico.
Por el contrario, los consejeros consideran que un proceso de esta magnitud implicaría más recursos, desde la instalación de casillas hasta la capacitación de personal y la producción de materiales.
La recomendación técnica apunta a separar los procesos en distintas fechas para evitar saturaciones innecesarias.
