El conflicto por el uso del Parque Lira sumó un nuevo capítulo. El diputado local Víctor Hugo Romo anunció que solicitará a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial una revisión a fondo sobre la autenticidad de un permiso que circula en redes sociales, supuestamente emitido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
El documento en cuestión avalaría la realización del espectáculo “Alicia en el País de las Maravillas” dentro del parque. Sin embargo, la polémica no radica solo en su contenido, sino en el momento en que habría sido emitido: cuando el montaje ya estaba en marcha.
La situación se complica aún más con las versiones encontradas. Por un lado, la empresa organizadora aseguró haber cumplido con los requisitos necesarios ante autoridades locales. Por otro, reconoció que algunos trámites federales y capitalinos seguían en proceso, lo que deja dudas sobre la legalidad del evento.
Desde el ámbito legislativo, el señalamiento es puntual: incluso con un posible permiso, aún faltarían autorizaciones clave, como el visto bueno de protección civil —por tratarse de un evento masivo— y el aval ambiental correspondiente.
El caso no ocurre en aislamiento. Desde hace semanas, vecinos han manifestado su inconformidad por el uso del espacio público, denunciando deterioro y posibles procesos de privatización. La tensión ha ido en aumento, al punto de que colectivos ciudadanos ya organizan acciones para visibilizar su descontento.
En este contexto, la revisión de la PAOT podría convertirse en un punto de quiebre. No solo por la validez del documento, sino por lo que representa: la forma en que se gestionan los espacios públicos en la ciudad.
El fondo del problema va más allá de un espectáculo. Se trata de quién decide sobre el uso de áreas comunes y bajo qué reglas. Porque cuando la transparencia queda en duda, el conflicto deja de ser cultural… y se vuelve político.
