La publicación encendió alertas. Más de 100 organizaciones de la sociedad civil perdieron la autorización para recibir donativos, mientras que otras 13 fueron dadas de baja por el Servicio de Administración Tributaria, tras no cumplir con los requisitos establecidos. El impacto no tardó en sentirse, no solo en lo administrativo, sino en el debate público.
Para Amnistía Internacional, la decisión representa algo más que un trámite fiscal: es un golpe directo a la operación de organizaciones que trabajan en temas clave como derechos humanos, atención a víctimas, violencia de género y defensa de territorios indígenas. La advertencia es clara: menos recursos implica menor capacidad de vigilancia ciudadana.
El organismo también puso el foco en una tendencia más amplia en la región. Según su postura, en distintos países de América han surgido medidas que, bajo el argumento de la transparencia, terminan limitando la acción de las ONG. El dilema, sostienen, no es técnico, sino político: ¿quién supervisa al poder cuando se debilita a quienes lo observan?
El tema escaló aún más cuando organizaciones como Mexicanos Primero y México Evalúa confirmaron que buscan recuperar su estatus para seguir operando. En la misma línea, el Instituto Mexicano para la Competitividad señaló que cumplió con el proceso, pero la autoridad fiscal determinó que la acreditación presentada no era válida, lo que derivó en la revocación.
Más allá de los casos particulares, el fondo del asunto apunta a una tensión constante: la necesidad de reglas claras sin asfixiar a quienes sostienen parte del tejido social. Porque si bien la transparencia es indispensable, el equilibrio se rompe cuando las restricciones impactan a quienes documentan abusos, acompañan a víctimas y exigen rendición de cuentas.
