El nepotismo volvió al centro de la discusión política nacional tras la aprobación de una reforma electoral en San Luis Potosí que rápidamente fue bautizada como la “Ley Esposa”. La medida, impulsada desde el Congreso local, no tardó en escalar hasta el plano federal y llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que Morena anunciara que la impugnará por considerarla inconstitucional.
La reforma establece que, para el proceso electoral de 2027, únicamente mujeres podrán ser registradas como candidatas a la gubernatura del estado. El argumento central es histórico: desde la creación de San Luis Potosí, ninguna mujer ha ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo local. A partir del siguiente periodo, la postulación deberá ajustarse al principio de alternancia de género, permitiendo nuevamente candidaturas masculinas sin excluir a mujeres.
La iniciativa fue avalada por la mayoría integrada por el Partido Verde Ecologista de México, diputadas del PRI, legisladores de Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y parte del PAN. Morena, junto con dos diputados panistas, votó en contra. Aunque el dictamen no generó debate en tribuna, la votación evidenció una clara división política.
El tema tomó mayor relevancia cuando la dirigencia nacional de Morena anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad. Su postura sostiene que la reforma limita la libertad de decisión del electorado al restringir las opciones de candidatura por género. Además, el partido reiteró que no impulsará candidaturas de familiares directos para sucesiones en 2027, aun cuando la prohibición constitucional del nepotismo electoral entrará en vigor hasta 2030.
Más allá de los nombres y las siglas, la “Ley Esposa” abrió una discusión de fondo: hasta dónde pueden llegar las acciones afirmativas para corregir desigualdades históricas sin afectar el derecho ciudadano a elegir, y si estas medidas logran romper inercias de poder o simplemente las reconfiguran.
