El Senado mexicano dio luz verde, en medio de un intenso debate, a la reforma a la Ley de Amparo enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 15 de septiembre. Tras dos días de audiencias públicas, el dictamen llegó al pleno y, la noche del 1 de octubre, fue aprobado en lo general con 76 votos a favor y 39 en contra. Horas después, ya entrada la madrugada, se avalaron también reservas que encendieron la polémica, en particular la presentada por el morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
La reserva estableció que los asuntos en trámite deberán resolverse bajo las nuevas disposiciones, lo que provocó que la oposición denunciara un intento de aplicar la ley de manera retroactiva. PRI y PAN advirtieron que esto limitaría el derecho a la defensa y cambiaría las reglas de los juicios ya iniciados. Sin embargo, Morena defendió que no se tocan derechos adquiridos, sino que se busca agilizar procesos, sobre todo en materia fiscal.
El dictamen plantea cambios relevantes: juicios de amparo completamente en línea, plazos más cortos para dictar sentencia y criterios más estrictos para las suspensiones. También elimina el requisito de que la afectación sea “actual y directa”, permitiendo amparos por daños previsibles o colectivos. En lo fiscal, se endurecen las reglas para impugnar créditos firmes y se obliga a garantizar el interés fiscal antes de obtener suspensiones.
Aunque la mayoría legislativa sostuvo que se trata de precisar la naturaleza jurídica del amparo y reforzar el acceso a la justicia, la oposición insistió en que se amplía el margen de poder de las autoridades. El documento fue turnado a la Cámara de Diputados, donde aún puede modificarse antes de llegar al Diario Oficial. El fondo de la discusión va más allá de tecnicismos: se trata de definir si el juicio de amparo seguirá siendo un contrapeso ciudadano o se convertirá en un trámite más dentro del engranaje del poder.
