El choque entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el senador priista Alejandro Moreno escaló un nuevo peldaño este 2 de octubre, luego de que la mandataria federal matizara —aunque sin retractarse— sus declaraciones sobre las propiedades ligadas al exdirigente del PRI.
En su conferencia matutina, Sheinbaum aclaró que nunca aseguró de manera tajante que los terrenos expropiados en Campeche fueran adquiridos con dinero ilícito, sino que respondió bajo la figura de “parece que”. Según explicó, la observación surgió a partir de la información sobre predios que figuran a nombre de la madre de Moreno, Yolanda Mercedes Cárdenas, y de su arquitecto de confianza, Juan José Salazar.
“Dije ‘parece que adquirió estas propiedades con recursos ilícitos’, así fue la declaración. Y lo sostengo: parece que así fue”, puntualizó la presidenta, al tiempo que reconoció el derecho del senador a defenderse “ante cualquier instancia”.
Las palabras de Sheinbaum encendieron la molestia del priista, quien un día antes anunció que acudirá a instancias nacionales e internacionales para denunciar lo que considera una acusación sin sustento. Moreno insistió en que su patrimonio es completamente legal y recordó que los tribunales han confirmado que no existe un proceso penal en su contra.
El episodio revive la vieja confrontación entre la actual presidenta y uno de los opositores más visibles de su administración. Mientras Sheinbaum vincula la polémica a un esquema de corrupción y posible lavado de dinero en torno a los bienes expropiados, Moreno busca capitalizar el choque como un intento de persecución política.
El pulso, más allá de los tribunales, parece instalarse en el terreno de la narrativa: de un lado, la presidencia que insiste en señalar irregularidades históricas en la clase política; del otro, un opositor que intenta reposicionarse como víctima de acusaciones sin pruebas concluyentes.
