El escándalo por la detención de Diego “N”, alcalde de Tequila, Jalisco, sacudió a Morena y abrió un debate interno que ya tuvo primeras consecuencias. El partido acordó reforzar sus mecanismos de evaluación de aspirantes rumbo a las próximas elecciones, con la intención de cerrar el paso a perfiles vinculados con actividades ilícitas.
La decisión se tomó el 6 de febrero durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo. En el encuentro participaron la dirigente nacional, Luisa María Alcalde, y el presidente del Consejo Nacional y gobernador de Sonora, Antonio Durazo. Ahí se dejó claro que, ante el caso del edil detenido —acusado de encabezar presuntamente una red de corrupción y señalado por posibles nexos con el crimen organizado—, no habrá protección política.
Arturo Martínez Núñez explicó que el partido revisará tanto la formación política como los filtros de selección. La meta es evitar que bajo las siglas de Morena compitan personas que después enfrenten señalamientos penales. “No basta con medir popularidad”, resumió, al advertir que el aspirante mejor posicionado en encuestas puede no ser el más íntegro.
Aunque Morena mantendrá el método de sondeos ciudadanos para definir candidaturas hacia 2027, ahora se contempla incorporar criterios adicionales que evalúen trayectoria, antecedentes y entorno de los aspirantes. El propio Martínez admitió que la experiencia reciente obliga a perfeccionar el modelo para reducir riesgos.
En ese contexto, también se recordó que en procesos anteriores se solicitó información a instancias federales, como la Fiscalía General de la República, para conocer posibles antecedentes de candidatos. Con los nuevos ajustes, el partido busca blindar sus postulaciones y evitar que casos como el de Tequila vuelvan a colocar a Morena en el centro de la polémica.
