Con el inicio del año, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha una serie de estímulos fiscales enfocados en apoyar la economía de los hogares y facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias, como parte de una política que busca equilibrio entre recaudación y sensibilidad social.
Los beneficios están dirigidos principalmente a sectores considerados vulnerables, entre ellos personas adultas mayores sin ingresos fijos, madres solteras, mujeres jefas de hogar, personas viudas, pensionadas, jubiladas, con discapacidad permanente y población mayor de 60 años. Para estos grupos se establecieron cuotas preferenciales y reducciones tanto en el impuesto predial como en el pago por el servicio de agua.
En el caso del predial, se fijó una cuota bimestral accesible para inmuebles de uso habitacional cuyo valor no rebase los 2 millones 808 mil pesos. Las propiedades que superen ese monto podrán acceder a una reducción del 30 por ciento. Estas medidas buscan dar certidumbre a quienes destinan gran parte de sus ingresos al sostenimiento de su vivienda.
Respecto al suministro de agua, se aplicará un descuento del 50 por ciento en la cuota bimestral a propietarios que formen parte de los sectores beneficiados, como un apoyo directo al gasto cotidiano de los hogares.
En materia vehicular, se mantiene el subsidio total a la tenencia, siempre que se cubra el refrendo correspondiente. Este beneficio aplica para automóviles con un valor que no exceda los 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos, ambos con IVA incluido, y está dirigido a personas físicas y organizaciones sin fines de lucro. Para acceder al apoyo es indispensable no contar con adeudos de años anteriores y tener vigente la tarjeta de circulación.
Las autoridades capitalinas informaron que el pago de contribuciones puede realizarse en miles de puntos autorizados, además de plataformas digitales y la aplicación móvil oficial, con opciones de meses sin intereses en tarjetas participantes.
Más allá del ahorro inmediato, estas medidas reflejan una estrategia fiscal que busca incentivar la regularización, reducir la carga económica de las familias y fortalecer una cultura de cumplimiento basada en facilidades y no en sanciones.
