Un juez federal libró orden de aprehensión contra Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques” o “Roberto Brown”, junto con tres de sus socios, por su presunta participación en el almacenamiento y traslado de más de ocho millones de litros de combustible ilícito incautados en marzo pasado en Ensenada, Baja California.
La investigación apunta a que Blanco Cantú figura como propietario de la empresa Mefra Fletes, señalada por transportar hidrocarburos sin permisos legales a través de los puertos de Ensenada, Altamira y Tampico, bajo la administración de la Secretaría de Marina. Según la Fiscalía General de la República (FGR), la compañía no cuenta con registros de comercio exterior ni autorizaciones para operar en el sector energético, aunque sí movilizaba grandes volúmenes de gasolina y diésel.
La orden judicial fue emitida por el juez de control Sergio Adolfo Peniche Quintal, a solicitud de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada. Además de Blanco Cantú, se busca a José Isabel Murguía Santiago, hermano del exalcalde de Teuchitlán, actualmente preso por nexos con el CJNG; a José René Tijerina Mendoza, con al menos 29 salidas al extranjero en los últimos años; y a Jesús Tadeo Amaya Olvera, ligado a la empresa AMOL. Otro de los señalados, el exjuez Anuar González Hemadi, ya se encuentra encarcelado.
En el inmueble asegurado en el kilómetro 100 de la autopista Rosarito–Ensenada, fueron localizados decenas de tractocamiones y pipas rotuladas con los nombres de “Mefra Fletes”, “Auto Líneas Roca” y “AMOL”. La magnitud del hallazgo reveló la dimensión logística del trasiego de hidrocarburos sin control fiscal ni aduanero.
De acuerdo con las pesquisas, los implicados habrían usado identidades falsas para constituir empresas fachada. La FGR advierte que, pese al avance del caso, los sospechosos han evadido la captura, amparados en fuertes recursos económicos y presuntos intentos de soborno para evitar la acción de la justicia.
El caso evidencia cómo el tráfico de combustibles ilícitos no solo involucra estructuras criminales, sino también redes empresariales que operan bajo una fachada legal. La investigación sigue abierta y marcará un precedente en la lucha contra el llamado “huachicol fiscal”, un delito que golpea directamente las finanzas públicas y la seguridad energética del país.
