En una conferencia conjunta de alto nivel, autoridades federales deslindaron al exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, de cualquier implicación en la red de contrabando fiscal de combustibles descubierta en el puerto de Tampico. Fue el propio Ojeda quien, durante su gestión, solicitó una investigación a fondo, sin excepciones, sobre presuntas irregularidades dentro de la Armada.
La investigación, que tomó forma durante casi dos años, surgió a raíz de una denuncia interna presentada por el exfuncionario, lo que motivó la intervención directa de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otras instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el SAT.
El operativo concluyó con el decomiso de más de 10 millones de litros de diésel y la detención de 14 personas, entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar político de Ojeda. Pese al lazo personal, el exsecretario no frenó la indagatoria.
“El almirante Ojeda no protegió a nadie; pidió que se investigara a todos por igual”, declaró el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien subrayó la voluntad del entonces titular de la Marina de erradicar cualquier acto de corrupción dentro de la institución.
Este deslinde reafirma el mensaje de que ninguna figura pública está por encima de la ley, pero también deja una reflexión abierta: cuando la denuncia parte desde dentro, ¿estamos frente a una transformación institucional real o a una excepción aislada?
