El sarampión volvió a ocupar un lugar incómodo en la conversación pública. Lejos de ser un problema del pasado, el brote que comenzó el año anterior continuó extendiéndose y dejó un saldo que ya preocupa: 31 personas fallecidas en distintas regiones del país.
En apenas unos días, la cifra creció. Hasta mediados de febrero se hablaba de 29 decesos, pero durante el fin de semana se sumaron nuevas víctimas en Jalisco y Durango, confirmando que el virus sigue activo y sin señales claras de freno inmediato.
En paralelo, el número de contagios acumulados alcanzó los 9 mil 850 casos confirmados, con una distribución desigual que muestra focos especialmente críticos. Jalisco se posicionó como el principal epicentro, con más de 2 mil 600 infecciones desde que inició el brote. Sin embargo, la mortalidad más alta se concentró en Chihuahua, donde se registraron 21 fallecimientos, muchos de ellos desde etapas tempranas de la crisis sanitaria.
La lista de estados afectados revela la amplitud del problema: además de Chihuahua y Jalisco, Durango reportó dos muertes, mientras que Ciudad de México, Chiapas, Sonora, Michoacán y Tlaxcala registraron un caso fatal cada uno.
Más allá de los números, el repunte del sarampión dejó al descubierto viejas vulnerabilidades: esquemas de vacunación incompletos, desigualdades en el acceso a servicios de salud y rezagos que parecían superados. Lo que alguna vez fue considerado un virus controlado hoy reaparece como recordatorio incómodo de que la prevención no es opcional.
