Lo que comenzó como una inconformidad terminó convirtiéndose en una escena poco común dentro de la administración pública. Tras más de 80 horas dentro de su oficina, Marx Arriaga finalmente abandonó las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, luego de esperar la notificación formal que confirmara su salida del cargo.
Su permanencia no fue casual. Desde que se le comunicó que debía dejar la Dirección General de Materiales Educativos, el funcionario optó por mantenerse en el lugar como una forma de protesta. A pesar de que ya se había designado a su relevo, Nadia López García, Arriaga insistió en que no se retiraría sin que el proceso se cumpliera de manera oficial.
Durante más de cuatro días, el despacho se convirtió en el centro de una tensión que mezcló burocracia, inconformidad y simbolismo político. El exfuncionario sostuvo que permanecería hasta concluir su jornada laboral y recibir el documento que validara su remoción, incluso cuando ya existían señalamientos sobre irregularidades en su gestión.
La escena dejó ver algo más que una disputa administrativa: expuso la fragilidad de los procesos institucionales cuando la comunicación falla. Porque más allá del desenlace, el episodio recordó que en el servicio público no solo importan las decisiones, sino también la forma en que se ejecutan.
