El periodo ordinario apenas había arrancado cuando la Cámara de Diputados decidió pisar el freno. Tras iniciar actividades con sesiones consideradas meramente administrativas, el pleno aprobó suspender sus trabajos durante la primera semana de febrero y reagendar su regreso hasta el día 10. La medida, acordada entre los grupos parlamentarios, buscó reorganizar la agenda legislativa, aunque no pasó desapercibida dentro ni fuera del Congreso.
Mientras el pleno entró en pausa, los diputados concentrarán su labor en comisiones. Ahí, aseguran, se avanzará en dictámenes y análisis de iniciativas que aún no llegan formalmente, pero que ya fueron anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, como la esperada reforma electoral y una propuesta en materia anticorrupción.
El receso, sin embargo, provocó reacciones inmediatas en la Cámara alta. Desde el Senado, la senadora priista Claudia Anaya ironizó la decisión durante una votación y lanzó un comentario que rápidamente llamó la atención: preguntó, en tono burlón, si se autorizaba a los diputados “a no ir a trabajar” durante toda la semana.
Ante las críticas, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, defendió el ajuste al calendario. Explicó que varias reformas están en puerta, pero aún no han sido enviadas oficialmente, por lo que se optó por adelantar trabajo interno para evitar retrasos cuando lleguen los proyectos formales. Febrero, recordó, es el mes previsto para recibir la reforma electoral.
La pausa en el pleno no significa que el Congreso esté detenido, pero sí deja un mensaje incómodo: en un contexto de altas expectativas ciudadanas, cualquier receso se mira con lupa. El verdadero reto comenzará cuando las sesiones se reanuden y las promesas de productividad se traduzcan en debates y decisiones concretas.
