La lucha contra la violencia hacia las mujeres en México busca dejar atrás los esfuerzos aislados. La Secretaría de las Mujeres puso en marcha una estrategia nacional para que las 32 fiscalías estatales trabajen bajo criterios comunes y con personal capacitado en perspectiva de género, con un objetivo claro: reducir la impunidad y asegurar que mujeres y niñas tengan una protección jurídica real, sin importar en qué estado se encuentren.
La propuesta parte de una idea clave: que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio como feminicidio. Para lograrlo, la dependencia impulsa convenios de colaboración con las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. La meta del sexenio es ambiciosa, pero concreta: lograr acuerdos con todas las entidades del país.
Aunque la Secretaría de las Mujeres no investiga delitos, su papel es estratégico. Desde el diseño de políticas públicas hasta la promoción del acceso a la justicia y la igualdad, su intervención busca cerrar brechas históricas dentro del sistema judicial. En ese camino, la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres juega un papel central, al brindar acompañamiento legal directo a las víctimas y facilitar el acceso a medidas de protección cuando así se requiera.
El plan también contempla impulsar reformas en congresos locales para fortalecer el marco legal a favor de las mujeres y asegurar que las fiscalías especializadas funcionen con estándares homogéneos y personal preparado. La capacitación en perspectiva de género no se plantea como un trámite, sino como una herramienta práctica para detectar desigualdades y evitar que los prejuicios contaminen las investigaciones.
El reto es mayúsculo. Unificar criterios en un país tan diverso no es sencillo, pero el mensaje es claro: la justicia no debería depender del código postal. Si esta coordinación logra aterrizarse en la práctica, podría marcar un antes y un después en la forma en que el Estado responde a la violencia contra las mujeres. La pregunta que queda en el aire es si el compromiso institucional logrará sostenerse más allá del discurso.
