A pocos días de que entrara en vigor la obligación de registrar las líneas telefónicas, en redes sociales ya apareció una alternativa tan rápida como riesgosa. Bajo frases como “No te quedes sin línea”, vendedores ofrecen chips de celular supuestamente ya registrados y listos para usarse, sin trámites ni entrega de datos personales. El precio arranca en 27 pesos y, en algunos casos, llega hasta los mil.
Una revisión en Marketplace de Facebook muestra al menos una docena de anuncios activos, principalmente en la Ciudad de México, aunque también en el Estado de México y Puebla. Los vendedores aseguran que el registro ya fue realizado “de manera legal” y que el usuario sólo necesita insertar el chip. La condición suele ser comprar varias piezas: el mínimo va de 10 unidades en adelante. Las entregas, casi siempre, se pactan en estaciones del Metro.
Para comprobarlo, se adquirieron chips que, al intentar registrarse nuevamente en la plataforma oficial, ya aparecían como dados de alta. El intercambio fue rápido, discreto y sin preguntas. El mensaje es claro: la demanda existe y el negocio se mueve con facilidad.
El panorama se vuelve aún más delicado con otro tipo de anuncios que ofrecen “ayuda” para conservar la línea sin proporcionar datos al gobierno. Estos servicios incluyen, según los propios vendedores, la elaboración de credenciales del INE falsas, en formato digital o físico, con costos que van de 450 a mil pesos. Prometen documentos con sellos, relieves y códigos QR “validados”, además de CURP y registros electorales generados a conveniencia del cliente.
Más allá de la informalidad, lo que queda al descubierto es una falla de fondo: una medida pensada para ordenar el sistema abrió la puerta a un mercado negro que explota el miedo a perder la línea y la desconfianza en el manejo de datos personales. La pregunta no es si estos anuncios seguirán apareciendo, sino qué tan rápido reaccionarán las autoridades antes de que el problema escale y termine costando más que un simple chip barato.
