En un movimiento coordinado y de alto impacto, el Gobierno de México trasladó a 37 operadores del crimen organizado a Estados Unidos. Todos eran requeridos por cortes de ese país y considerados perfiles clave por su capacidad para sostener redes delictivas y generar violencia, incluso desde prisión. El operativo, ejecutado por el Gabinete de Seguridad, se convirtió en uno de los más amplios de los últimos años.
Los traslados se realizaron de manera simultánea desde distintos penales del país, incluidos centros de máxima seguridad. Siete aeronaves de las Fuerzas Armadas llevaron a los internos a destinos como Washington, Houston, Nueva York, San Antonio y San Diego, bajo estrictos protocolos de custodia terrestre y aérea. La operación se sustentó en la Ley de Seguridad Nacional y en acuerdos de cooperación bilateral, con una condición clave: Estados Unidos se comprometió a no solicitar la pena de muerte.
Con esta acción, ya suman 92 criminales de alto impacto enviados al país vecino durante la actual administración, según informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Entre los nombres trasladados destacan líderes y operadores de organizaciones como el Cártel del Noreste, los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico, varios de ellos señalados por seguir dirigiendo operaciones criminales desde los centros penitenciarios.
Las autoridades mexicanas justificaron el movimiento como una medida para desarticular estructuras activas y reducir riesgos internos, una lógica similar a la aplicada en 2025, cuando se realizaron entregas masivas de capos reclamados por la justicia estadounidense. Aquellos operativos incluyeron figuras históricas del narcotráfico y enviaron un mensaje claro de colaboración bilateral.
Más allá de los números y los nombres, el traslado de estos 37 internos vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto las cárceles mexicanas logran realmente neutralizar a los líderes criminales? La cooperación internacional avanza, pero el reto de fondo sigue siendo fortalecer un sistema que impida que el crimen organizado continúe operando, incluso tras las rejas.
