El adeudo fiscal de empresas vinculadas a Ricardo Salinas Pliego volvió a colocarse en la agenda pública luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya emitió una notificación formal por un monto de 51 mil millones de pesos. La información fue dada a conocer durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, realizada en el Estado de México, donde la mandataria subrayó que se trata de un procedimiento legal y no de una acción con motivaciones políticas.
Sheinbaum explicó que el requerimiento del SAT se sustenta en resoluciones judiciales vigentes, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que los amparos promovidos por Grupo Salinas no son procedentes. Según detalló, la actuación de la autoridad fiscal responde a lo establecido por la ley y a los fallos emitidos por los tribunales, sin que exista vulneración de derechos humanos ni trato diferenciado.
El tema surgió tras una pregunta directa de la prensa, en un contexto marcado por la postura pública del empresario, quien el miércoles 14 de enero afirmó, a través de sus propios medios, haber presentado una denuncia contra el gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Frente a ello, la presidenta reiteró que el proceso no implica ultimátums, sino el cumplimiento de plazos legales para que las empresas con adeudos fiscales atiendan los requerimientos correspondientes.
El origen del caso se remonta al 22 de octubre de 2025, cuando el entonces presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, admitió a trámite la revisión de un amparo relacionado con adeudos de Impuesto Sobre la Renta y recargos acumulados desde el ejercicio fiscal de 2013. Previamente, las empresas se encontraban protegidas por una resolución emitida por el ministro en retiro Javier Laynez.
El desarrollo de este proceso vuelve a poner en foco la relación entre grandes contribuyentes, decisiones judiciales y la aplicación de la normativa fiscal en México.
