Desde muy temprano, la mañana del miércoles 7 de enero se movió distinto en la zona de la carretera México–Toluca, a la altura del kilómetro 17.5. Ahí, en un predio conocido como el Refugio Franciscano, autoridades de la Ciudad de México desplegaron un amplio operativo para rescatar y proteger a perros y gatos que, según reportes, vivían en condiciones que generaban preocupación.
La intervención fue resultado de un proceso legal relacionado con la posesión del inmueble y el bienestar de los animales. En el lugar participaron de manera coordinada la Fiscalía capitalina, la PAOT y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Más de 200 elementos de distintas áreas, incluida la Brigada de Vigilancia Animal, ingresaron al predio, mientras que alrededor de 500 policías resguardaron el perímetro.
El operativo no pasó desapercibido. Colectivos animalistas se manifestaron en las inmediaciones para exigir que se garantizara la vida y la integridad de los animales. Durante la diligencia hubo momentos de tensión, aunque las autoridades aseguraron que las acciones se realizaron bajo protocolos establecidos.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que los animales serán trasladados a tres espacios oficiales: la Brigada de Vigilancia Animal, el Hospital Veterinario de la Ciudad de México y un albergue canino de la Sedema en el Ajusco. Los ejemplares con estado de salud delicado recibirán atención especializada en clínicas veterinarias.
De acuerdo con cifras oficiales, se realizó un censo y revisión médica a más de 700 perros y decenas de gatos, además de aplicar tratamientos, desparasitación y labores de saneamiento. Mientras fundaciones ofrecieron colaborar, activistas señalaron presuntas irregularidades en algunos traslados.
El gobierno capitalino reiteró que el objetivo es claro: proteger a los animales mientras se resuelve el proceso legal.
