El Congreso de la Ciudad de México llamó a la Fiscalía capitalina y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a continuar las investigaciones sobre los disturbios generados durante la manifestación realizada en la explanada del Zócalo. Según los legisladores, detrás de lo sucedido no hubo espontaneidad, sino una operación política articulada por grupos que habrían impulsado acciones violentas bajo el nombre de la Generación Z.
El diputado Paulo Emilio García González aseguró que existe evidencia de una estrategia diseñada para sembrar caos y atacar al movimiento que representa la mayoría legislativa. Señaló que en la protesta no hubo planteamientos reales sobre las demandas juveniles y que personajes de la oposición habrían participado para escalar la tensión. Por ello, se pidió la separación temporal del cargo de las y los funcionarios ligados a las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, incluidas sus titulares.
El exhorto también plantea crear una comisión especial de seguimiento dentro del Congreso y exige a la Secretaría de la Contraloría investigar posibles presiones ejercidas sobre trabajadores y comerciantes para influir en la movilización. Asimismo, se solicitó a PAN, PRI y Movimiento Ciudadano sumarse a la condena de cualquier acto violento.
Desde la oposición, el diputado Mario Enrique Sánchez Flores advirtió que una comisión sólo tendría sentido si se convierte en un espacio autónomo, plural y con facultades reales, capaz de documentar abusos y revisar la situación de las personas detenidas. Otros legisladores destacaron la presencia de grupos violentos y cuestionaron el origen de los recursos utilizados para promover la protesta. También se criticó el uso de la fuerza pública y la actuación del gobierno local.
La discusión dejó claro que la protesta del Zócalo abrió un nuevo frente político: la pugna por definir quién estuvo detrás del movimiento y quién capitaliza sus consecuencias.
