La reforma fiscal aprobada por la Cámara de Diputados encendió las alarmas entre organizaciones civiles y empresariales al otorgar al SAT acceso en tiempo real a las bases de datos de plataformas digitales como Netflix, Amazon, Mercado Libre o Tinder. Aunque el gobierno argumenta que la medida busca combatir la evasión fiscal, diversas voces advirtieron que abre la puerta a una vigilancia masiva sin control judicial, con implicaciones para la privacidad, la ciberseguridad y la libertad de expresión.
La Asociación de Internet MX (AIMX), que agrupa a empresas como Amazon, Cinépolis, Banco Azteca, Grupo Modelo y Salud Digna, pidió al Senado revisar la iniciativa antes de ratificarla. Su director, Julio César Vega Gómez, señaló que “no existen precedentes en México ni en democracias comparables de una medida tan intrusiva” y alertó que el país podría seguir “el ejemplo de regímenes autoritarios que usan la vigilancia como control económico”.
La AIMX advirtió que la disposición viola derechos humanos, debilita la confianza institucional y eleva los riesgos de ciberataques, además de imponer sanciones desproporcionadas como el bloqueo inmediato de servicios digitales. Propuso en su lugar auditorías selectivas con orden judicial, límites claros sobre los datos requeridos y protocolos seguros de acceso, junto con sanciones escalonadas y regímenes simplificados para las MiPyMEs.
Por su parte, Artículo 19 México consideró que el nuevo artículo 30-B del Código Fiscal representa una intromisión desproporcionada en la vida privada al permitir vigilancia permanente “sin justificación ni control judicial”. La organización advirtió que el bloqueo de plataformas podría equivaler a censura indirecta, prohibida por la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, pues restringe el acceso a espacios digitales donde las personas se informan, expresan y organizan.
