La crisis política y judicial que rodea al gobierno de Sinaloa sigue escalando. Ahora fue Dámaso Castro Zaavedra quien decidió apartarse temporalmente de su cargo luego de aparecer entre los funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con delincuencia organizada.
A través de un breve comunicado, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que el funcionario presentó una solicitud de licencia sin goce de sueldo “para atender cualquier requerimiento institucional” que pudiera surgir por las vías legales correspondientes.
La decisión ocurrió apenas horas después de que la fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, reconociera públicamente que se analizaba la permanencia de Castro Zaavedra dentro de la institución, precisamente para evitar que las investigaciones federales pudieran verse afectadas o generar conflictos internos.
Aunque la fiscal sostuvo que prevalece el principio de presunción de inocencia, también dejó claro que la situación continúa bajo evaluación. Hasta antes de solicitar licencia, el vicefiscal seguía oficialmente en funciones, mientras la Fiscalía General de la República y autoridades estadounidenses avanzan en las indagatorias.
El caso forma parte de una investigación más amplia que golpeó directamente al círculo político cercano al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. De acuerdo con reportes recientes, Estados Unidos habría solicitado la detención provisional con fines de extradición de Rocha Moya, así como de otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos el alcalde de Culiacán y mandos relacionados con seguridad pública.
La noticia ha provocado una fuerte presión política en el estado. Mientras algunas figuras oficialistas insisten en esperar pruebas formales antes de emitir juicios, la oposición exige separaciones definitivas del cargo y mayor transparencia sobre el alcance real de las investigaciones internacionales.
El movimiento de Castro Zaavedra refleja cómo las acusaciones ya comenzaron a generar efectos concretos dentro de las instituciones sinaloenses. Porque aunque todavía no existan resoluciones judiciales definitivas, el desgaste político y mediático avanza mucho más rápido que cualquier proceso legal.
En medio de un escenario marcado por señalamientos cruzados, solicitudes de extradición y tensiones diplomáticas, el caso también exhibe algo más profundo: la fragilidad de la confianza pública cuando las investigaciones alcanzan a figuras clave encargadas, precisamente, de procurar justicia.
