La confrontación política entre el gobierno federal y el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional volvió a encenderse. Esta vez, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una frase que rápidamente agitó el debate público: “mejor que regrese lo robado”, al referirse al proceso de desafuero pendiente contra Alejandro Moreno.
Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre el caso que permanece atorado en la Cámara de Diputados por presunto enriquecimiento ilícito cuando Moreno fue gobernador de Campeche. Aunque dijo desconocer por qué el proceso no ha avanzado, dejó clara su postura: para ella, recuperar recursos públicos desviados resulta más útil que simplemente encarcelar a funcionarios acusados de corrupción.
La declaración reavivó inmediatamente un expediente político y judicial que persigue al líder priista desde hace meses. La Fiscalía de Campeche solicitó desde 2025 el desafuero de Moreno por un presunto desvío de alrededor de 83 millones de pesos durante su administración estatal entre 2015 y 2019.
Sheinbaum incluso planteó mecanismos como la extinción de dominio para recuperar bienes o recursos relacionados con actos de corrupción. Según la presidenta, devolver dinero al Estado podría beneficiar directamente a programas sociales y proyectos públicos.
Pero la respuesta de “Alito” no tardó. A través de redes sociales, el dirigente del PRI acusó al gobierno federal de utilizar amenazas y persecución política para intentar silenciarlo. En su mensaje, aseguró que el poder presidencial está siendo usado para distraer a la opinión pública de otros problemas nacionales.
El intercambio escaló todavía más cuando Moreno vinculó las recientes acusaciones hechas en Estados Unidos contra funcionarios mexicanos con Morena y gobiernos estatales afines a la llamada Cuarta Transformación. El priista afirmó que no piensa guardar silencio pese a las presiones.
La confrontación refleja algo más profundo que un simple cruce de declaraciones. En el fondo, el caso exhibe cómo los procesos judiciales contra figuras políticas se han convertido también en escenarios de disputa pública y narrativa electoral.
Mientras el oficialismo insiste en combatir la corrupción como bandera política, la oposición acusa selectividad y uso político de las instituciones. Y aunque el desafuero de Alejandro Moreno sigue sin resolverse en el Congreso, el expediente permanece vivo en el debate nacional.
