La propuesta del gobierno federal para detectar posibles “narcocandidatos” antes de las elecciones ya abrió un nuevo frente de tensión política. Esta vez, la advertencia vino desde el propio Instituto Nacional Electoral, donde su presidenta, Guadalupe Taddei, alertó que la iniciativa podría poner en riesgo la neutralidad del árbitro electoral.
Durante una conferencia de prensa, Taddei expresó preocupación por la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual plantea crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas para revisar posibles vínculos entre aspirantes y grupos criminales.
El problema, según la titular del INE, es que la iniciativa podría convertir al organismo electoral en una autoridad que no solo organiza elecciones, sino que también evalúa la “probidad” de los candidatos, colocándolo inevitablemente en medio de disputas políticas y acusaciones partidistas.
“Ser juez y parte” fue la frase con la que resumió el riesgo. Y es que la propuesta contempla que una comisión integrada por cinco consejeros electorales pueda solicitar información a instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y otras dependencias para identificar lo que denominaron un “riesgo razonable” de nexos con la delincuencia organizada.
De acuerdo con la explicación presentada por Luisa María Alcalde, la comisión no bloquearía directamente candidaturas ni emitiría sentencias. Su función sería entregar información confidencial a los partidos políticos para que éstos decidan si mantienen o no a determinado aspirante en sus listas.
Sin embargo, el planteamiento ya despertó dudas sobre hasta dónde puede llegar el INE sin comprometer su papel como árbitro imparcial. Para Taddei, cualquier modificación legal debe dejar muy clara la separación entre investigar, juzgar y organizar elecciones.
La propuesta surgió después de casos recientes donde alcaldes y funcionarios fueron señalados por presuntos vínculos criminales, particularmente tras operativos federales en Morelos y el Estado de México. Sheinbaum defendió la iniciativa argumentando que tanto los partidos como las autoridades electorales necesitan herramientas preventivas para evitar que el crimen organizado infiltre candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.
Aunque el discurso oficial insiste en que todo se haría bajo el principio de presunción de inocencia, el debate ya puso sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cómo combatir la infiltración criminal en la política sin convertir a las instituciones electorales en actores políticos?
