En medio de la tensión política que ha provocado la investigación abierta contra funcionarios mexicanos señalados por autoridades de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a poner freno a las especulaciones. Desde Palacio Nacional, aseguró que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no representan acusaciones formales ni procesos penales en su contra.
La mandataria explicó que se trata únicamente de diligencias relacionadas con las investigaciones en curso y que, hasta ahora, la Fiscalía no ha informado sobre imputaciones contra ninguno de los personajes mencionados. “Son procedimientos normales”, insistió Sheinbaum, al señalar que las comparecencias forman parte de la etapa de recopilación de testimonios y revisión de información.
El tema cobró fuerza luego de que se revelara que la Fiscalía mexicana comenzó a citar a personas vinculadas con la indagatoria derivada de las acusaciones presentadas por la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra diez ciudadanos mexicanos originarios de Sinaloa, entre ellos políticos y funcionarios presuntamente relacionados con estructuras del narcotráfico.
Además de Rocha Moya, también han sido mencionados nombres como el senador Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Todos forman parte del grupo de personas que las autoridades estadounidenses colocaron bajo sospecha por supuestos vínculos con el crimen organizado.
Sheinbaum detalló que en el caso de Chihuahua, la investigación involucra declaraciones y entrevistas relacionadas con funcionarios de la Fiscalía estatal, razón por la cual también se solicitó la presencia de Maru Campos. Sin embargo, remarcó que esto no implica responsabilidad penal automática.
La presidenta evitó profundizar sobre el contenido específico de las investigaciones y dejó claro que corresponde a la Fiscalía explicar los alcances de cada expediente. Aun así, insistió en que el proceso debe desarrollarse dentro del marco legal y respetando la presunción de inocencia.
El episodio vuelve a colocar bajo reflector la relación entre política, seguridad y justicia en México, especialmente en un momento donde las investigaciones internacionales comienzan a cruzarse con figuras de alto perfil dentro de distintos gobiernos estatales.
Porque aunque oficialmente se hable de “entrevistas”, el impacto político de sentar a gobernadores y senadores frente a la Fiscalía difícilmente pasa desapercibido en un país donde la línea entre investigación y desgaste público suele volverse cada vez más delgada.
