La disputa política alrededor del caso de Rubén Rocha Moya escaló un nuevo nivel. Ahora no solo involucra los señalamientos del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, sino también un enfrentamiento directo entre la nueva dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
Lo que comenzó como una crítica política terminó convirtiéndose en una confrontación abierta sobre seguridad, soberanía y la relación con agencias estadounidenses. Durante un acto público, Maru Campos cuestionó el respaldo que Morena ha mantenido hacia Rocha Moya pese a las acusaciones difundidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La mandataria chihuahuense acusó un trato desigual y señaló que mientras algunos gobiernos son cuestionados por combatir laboratorios clandestinos, otros reciben respaldo político aun bajo sospecha.
Sus declaraciones encendieron rápidamente la respuesta de Ariadna Montiel. Desde redes sociales, la dirigente morenista acusó a Campos de mentir y aseguró que la investigación federal en Chihuahua no gira alrededor del combate al narcotráfico, sino de la presunta participación de agentes extranjeros en territorio mexicano sin autorización oficial.
Montiel elevó el tono al señalar que permitir este tipo de operaciones representa una violación a la soberanía nacional y calificó el hecho como “traición a la patria”. El intercambio dejó claro que el caso Rocha Moya ya dejó de ser únicamente un tema judicial para convertirse también en una batalla política y narrativa rumbo a los próximos procesos electorales.
En paralelo, el Gobierno de México intentó bajar la presión diplomática. Luisa María Alcalde explicó que Estados Unidos no presentó todavía una solicitud formal de extradición contra Rocha Moya, sino únicamente una petición de “detención provisional”, la cual, según dijo, carece de pruebas suficientes para justificar una acción inmediata.
La funcionaria detalló que el tratado bilateral exige documentación sólida, pruebas y órdenes judiciales para avanzar en cualquier procedimiento formal. Por ahora, la Fiscalía General de la República analiza el caso y solicitó información adicional antes de proceder.
Mientras tanto, Rocha Moya permanece separado temporalmente del cargo y Yeraldine Bonilla asumió el gobierno estatal en medio de un escenario político cada vez más polarizado.
El caso refleja algo más profundo que una disputa entre gobiernos o partidos. También exhibe cómo el combate al crimen organizado, la presión internacional y la narrativa de soberanía se han convertido en piezas centrales de la política mexicana actual, donde cada acusación tiene repercusiones legales, mediáticas y electorales casi inmediatas.
