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Violencia bajo la lupa: Contraloría investiga a alcaldías tras marcha del 15 de noviembre

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La polémica por los hechos violentos registrados durante la marcha del 15 de noviembre volvió a colocarse en el centro del debate político en la Ciudad de México. Durante la “chilanguera” del 25 de enero de 2026, el diputado Paulo Emilio García, vocero del grupo parlamentario de Morena en el Congreso capitalino, confirmó que la Contraloría inició una investigación contra Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, y Alessandra Rojo de la Vega, encargada de despacho en Cuauhtémoc.

De acuerdo con el legislador, la indagatoria comenzó el viernes previo y busca esclarecer la posible participación de funcionarios de ambas demarcaciones en los actos de violencia ocurridos durante aquella movilización. García subrayó que los disturbios generaron un amplio rechazo social y que, tras ese rechazo, los alcaldes señalados guardaron silencio sobre un movimiento que días antes habían promovido públicamente.

El diputado recordó que, antes de la marcha, ambos funcionarios llamaron a la ciudadanía a sumarse a la protesta. Sin embargo, cuando las imágenes de violencia comenzaron a circular, el discurso cambió. Incluso, señaló que durante la presentación de pruebas por parte de Morena, los alcaldes panistas argumentaron que los grupos responsables de los disturbios habían sido organizados por el propio movimiento, una versión que calificó como poco creíble.

Desde la bancada guinda, el mensaje fue claro: no es aceptable que se utilicen recursos públicos para fomentar o encubrir actos violentos. “Celebramos que la Contraloría abra estas investigaciones”, expresó García, al insistir en que cualquier servidor público involucrado debe enfrentar las consecuencias legales correspondientes.

El legislador dejó en manos de las autoridades el futuro político de Tabe y Rojo de la Vega. Más allá de nombres y partidos, el caso abre una discusión necesaria: la línea entre la movilización política y la violencia no puede cruzarse sin consecuencias. Investigar y sancionar, dijo implícitamente, también es una forma de proteger la vida democrática de la ciudad.

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